Cuatro de cada diez pisos promovidos por el Gobierno vasco no hallan comprador al primer intento por las renuncias en los sorteos.
Cuatro de cada diez pisos protegidos que el Departamento de Vivienda promovió directamente en 2009, a través de la sociedad pública Visesa, no encontraron comprador al primer intento debido a las renuncias de personas que se habían beneficiado en los sorteos de Etxebide. Así lo reconoce la consejería de Iñaki Arriola en una respuesta parlamentaria a Ezker Batua, en la que detalla que la Administración autónoma, al tratar de adjudicar 635 viviendas de protección oficial (VPO) y 87 tasadas durante el año pasado, se topó con que 311 candidatos (43%) se echaron atrás antes de que empezaran las obras, lo que obligó a tirar de la lista de espera y retrasó el proceso administrativo. No todos los que desistieron indicaron por qué lo habían hecho, pero entre quienes sí dieron un motivo, la cuarta parte alegó que se había quedado en paro o que no le habían concedido la hipoteca.
Las promociones de Visesa representan una pequeña porción de toda la vivienda protegida que las instituciones, cooperativas y empresas privadas edifican en Euskadi (sólo entre enero y octubre de 2009 se terminaron unos 3.200 pisos). No obstante, la elevada proporción de renuncias registrada por esa sociedad pública confirma que cada vez se tarda más tiempo en vender también las VPO y, sobre todo, las viviendas tasadas, un tipo de inmueble que cuesta hasta 1,7 veces más y dirigido a personas que ganan demasiado para participar en los sorteos de la VPO, pero no lo suficiente para el mercado libre. Un ejemplo lo proporcionan los pisos tasados que Visesa inició en 2009 en la población vizcaína de Miraballes (37) y en el municipio guipuzcoano de Eskoriatza (50): todos y cada uno de ellos fueron rechazados por sus primeros adjudicatarios, mientras los precios de la vivienda libre marcan una tendencia a la baja.
Según las estadísticas del Gobierno vasco, las renuncias en el mercado protegido aumentaron en 2009 respecto al ejercicio anterior, cuando se situaron entre el 30% y el 40%. Por territorios históricos, la frecuencia con que se produjeron fue bastante parecida en Álava y Vizcaya (40% y 38%, respectivamente), mientras que en Guipúzcoa la cifra fue sensiblemente mayor (79%). No obstante, las viviendas adjudicadas por Visesa en esa provincia fueron muy escasas: apenas 76, de las que 50 correspondían precisamente a la promoción de Eskoriatza.
En realidad, aunque ahora resulte más difícil colocar las viviendas protegidas entre los aspirantes de Etxebide (93.000 en octubre pasado), ello no impide que acaben siendo adquiridas tarde o temprano, a diferencia del mercado libre, que de momento acumula 21.000 inmuebles nuevos sin vender, según confirmó ayer el Departamento de Economía y Hacienda.
Anticipos y promotores
No obstante, los retrasos en las adjudicaciones de VPO encarecen las gestiones administrativas del Gobierno vasco, pues a fin de cuentas tiene que encargarse de comercializar esos pisos. Además, esas demoras pueden crear dificultades a los promotores en determinados casos. Y es que si las obras de unas viviendas arrancan sin haber reunido a compradores que entreguen anticipos, la financiación del proyecto se complica.
Algunos expertos ya han llamado la atención sobre esa cuestión. Recuerdan que las entidades crediticias examinan con lupa el sueldo de quienes solicitan una hipoteca, y añaden que la mayoría de los ciudadanos apuntados en Etxebide tienen bajos ingresos (el 80% de las unidades de convivencia acreditan unos 1.000 euros mensuales). Ezker Batua puso en duda ayer que el convenio firmado por el Gobierno vasco con bancos y cajas de ahorro para regular los préstamos de las VPO -la Administración autónoma recomprará inmuebles impagados- sea suficiente para que los créditos fluyan con más intensidad en un futuro próximo.
Según Ezker Batua, el Gobierno vasco debería «activar mecanismos» para que los particulares y promotores rechazados por las entidades financieras -«por causas no relacionadas con su perfil de riesgo»- tengan acceso a préstamos públicos. La formación de izquierdas cree que podrían ser «instrumentalizados a través del denominado Instituto Vasco de Finanzas», un organismo 'hibernado' por el Ejecutivo de Patxi López.
Por otra parte, EB resaltó que el perfil de los ciudadanos inscritos en Etxebide está evolucionando: el 22% del total sólo aspira a una vivienda de alquiler público y más de la mitad lo aceptarían como alternativa. Por ese motivo, Ezker Batua reclamó al Gobierno vasco que «reoriente de manera definitiva» la edificación de viviendas protegidas hacia el mercado del arrendamiento.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100204/pvasco-espana/facil-vender-20100204.html
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